Desde hace diez años, cinco cubanos permanecen encarcelados en Estados Unidos por combatir al terrorismo, algo increíble para cualquier persona honesta y amante de la paz, sobre todo si se trata del país “paladín” de la lucha contra ese mal.El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos, por el FBI, René González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Fernando González. Cinco cubanos que fueron acusados entre otros cargos de conspiración para cometer espionaje y asesinato, y que habían infiltrado a los grupos terroristas radicados en la Florida que, con la complacencia de Washington, planean, organizan y llevan a cabo acciones contra Cuba. El único delito de esos hombres fue proteger tanto al pueblo de la isla como al estadounidense de esos planes criminales. Desde entonces, largo y tortuoso ha sido el camino transitado por ellos y sus familiares.
Un juicio político lleno de irregularidades que se prolongó siete meses, celebrado en Miami, condenó, el 8 de junio de 2001, a los cinco, para satisfacción de los grupos anticubanos radicados en esa ciudad. Sin testigos ni pruebas de los cargos imputados, Gerardo Hernández fue sancionado con dos condenas de prisión perpetua, más 15 años; Ramón Labañino, a cadena perpetua, más 18 años; Antonio Guerrero, a cadena perpetua, más 10 años; Fernando González, a 19 años de cárcel y René González, a 15 años.
Contra quienes arriesgaban diariamente su vida para descubrir acciones terroristas se vertió el odio y la fuerza de quienes intentan destruir a la revolución cubana, incluso la maquinaria legal de la justicia norteamericana ocultó evidencias, manipuló pruebas e inventó delitos.
Los cinco fueron declarados culpables de infames y falsas imputaciones, a pesar de que las autoridades cubanas proporcionaron al FBI un abultado volumen de informaciones y denuncias meses antes de su arresto. Ese organismo recibió 230 páginas, cinco videocasetes con conversaciones e informaciones y ocho casetes de audio, ascendentes a dos horas y cuarenta minutos, con llamadas telefónicas de terroristas ya detenidos, con sus mentores. Pero ante las pruebas, la respuesta fue condenar a René, Fernando, Ramón, Gerardo y Antonio, quienes se convirtieron en blanco de una campaña que los presentó como agentes que atentaban contra la seguridad de Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad.
Desde el mismo día de su detención, la entereza de los cinco cubanos ha tratado de ser quebrada con la aplicación de torturas psicológicas, como la reclusión en celdas de castigo -el llamado “Hueco”-, el aislamiento de la población penitenciaria y, en particular, impidiendo u obstaculizando las visitas familiares. En especial son víctimas de ensañamiento Olga Salanueva y Adriana Pérez, esposas de René y Gerardo, respectivamente. Adriana hace 10 años que no ve a su cónyuge, y Olga desde que en 2000 fue expulsada de Estados Unidos hacia Cuba.
Como demostraron los defensores y admitieron hace dos años tres prestigiosos magistrados de la Corte de Apelaciones de Atlanta, los cinco recibieron excesivas condenas, por lo que anularon tales sanciones y ordenaron la realización de un nuevo juicio, fallo que fue revocado posteriormente. Antes de ese fallo un panel del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas también concluyó que la privación de libertad de los cinco era arbitraria, y llamó al gobierno de Estados Unidos a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
En otras palabras, no menos de ocho jueces han revisado el proceso que llevó a condenar a los antiterroristas cubanos y coincidieron en que sus derechos fundamentales fueron violados. La misma Corte de Apelaciones de Atlanta recibió, en una tercera audiencia oral, argumentos complementarios para demostrar anomalías del proceso judicial. Tres temas centraron la atención de esa vista: la imposibilidad de celebrar un proceso imparcial en Miami, la necesidad de un nuevo juicio y la falta de evidencias en el cargo de conspiración para cometer asesinato, aplicado contra Gerardo Hernández. Como en las ocasiones anteriores, el gobierno norteamericano, representado por la Fiscalía, no pudo objetar los argumentos de los abogados ni sostener sus acusaciones. Fue, como la calificó el líder cubano Fidel Castro, una “derrota moral sin precedentes del imperio”.
El abogado Leonard Weinglass, integrante de la defensa de los cinco antiterroristas, considera que este caso denota el fracaso de la política exterior norteamericana, pues constituye la respuesta a la frustración de la Casa Blanca en relación con Cuba.
Luego de 22 meses de espera, el pasado 4 de junio un panel de tres jueces de la Corte de Atlanta rechazó casi todos las evidencias de la última apelación, alegando que las mismas carecían de mérito y ratificó los veredictos de culpabilidad de los cinco, y dos sentencias: las de René y Gerardo. Asimismo, anuló tres de las sentencias, la de Ramón, Antonio y Fernando, enviándolas a la Corte de Miami para que sean revisadas por la misma jueza, Joan Lenard, que impuso las desmesuradas penas que ahora la corte superior declara contrarias a la ley. Toda una demostración de que en Estados Unidos la política hace zozobrar al sistema judicial, mucho más cuando se trata de Cuba.
(*) Publicado en Punto Final.
